Bush presiona al Senado para que apruebe la nueva ley de inmigración
Preocupado por la división que el proyecto de ley de inmigración produce en filas republicanas, el presidente George W. Bush, pidió hoy al Senado que apruebe la norma que tendrá consecuencias para 12 millones de inmigrantes ilegales ya radicados en el país. “Se trata de un debate vital”, señaló. En tanto, demócratas en el Senado presionaron para que se vote por su proyecto de ley de inmigración.
El plan patrocinado por el diputado Tom Tancredo, que ya fue aprobado por la Cámara de Representantes y que tiene varios adeptos en el Senado, propone perseguirlos, arrestarlos y condenarlos como si fueran criminales. También prevé la construcción de un muro que ponga fin a la filtración de los inmigrantes a través de la frontera que separa México de EE.UU.
La idea detrás de este proyecto es que los inmigrantes ilegales son una amenaza para la seguridad nacional ya que aumentan la posibilidad de que ingresen a territorio estadounidense terroristas capaces de organizar nuevos atentados terroristas.
En la vereda de enfrente, otro proyecto de ley propuesto originalmente por los senadores John Mc Cain y Ted Kennedy plantea la necesidad de dar a los inmigrantes ilegales un permiso de empleo temporario para que puedan trabajar legalmente al menos por tres años, al cabo de los cuales podrían presentarse para obtener primero la residencia y luego eventualmente la ciudadanía.
Es decir, el proyecto prevé la legalización de todos los inmigrantes ilegales que se encuentran actualmente en el país y otorgar permisos a 400.000 trabajadores más por año. Esta es la visión de las grandes corporaciones que consideran que los inmigrantes son esenciales para el desarrollo económico ya que realizan trabajos que ningún estadounidense quiere realizar.
El tema no sólo divide a demócratas de republicanos sino que también hay una gran pelea en el seno del propio Partido Republicano donde el ala más conservadora quiere utilizar mano dura con los inmigrantes ilegales mientras que las grandes empresas no quieren perder su mano de obra barata.
Todos están preocupados por el impacto electoral que tendrá este tema en las elecciones legislativas de noviembre y en las presidenciales del 2008. Muchos republicanos temen perder el apoyo creciente que lograron en el seno de la comunidad hispana en las últimas elecciones presidenciales, mientras que otros no quieren arriesgar la base más conservadora del partido que siempre ha estado muy en contra de la inmigración ilegal.
El plan patrocinado por el diputado Tom Tancredo, que ya fue aprobado por la Cámara de Representantes y que tiene varios adeptos en el Senado, propone perseguirlos, arrestarlos y condenarlos como si fueran criminales. También prevé la construcción de un muro que ponga fin a la filtración de los inmigrantes a través de la frontera que separa México de EE.UU.
La idea detrás de este proyecto es que los inmigrantes ilegales son una amenaza para la seguridad nacional ya que aumentan la posibilidad de que ingresen a territorio estadounidense terroristas capaces de organizar nuevos atentados terroristas.
En la vereda de enfrente, otro proyecto de ley propuesto originalmente por los senadores John Mc Cain y Ted Kennedy plantea la necesidad de dar a los inmigrantes ilegales un permiso de empleo temporario para que puedan trabajar legalmente al menos por tres años, al cabo de los cuales podrían presentarse para obtener primero la residencia y luego eventualmente la ciudadanía.
Es decir, el proyecto prevé la legalización de todos los inmigrantes ilegales que se encuentran actualmente en el país y otorgar permisos a 400.000 trabajadores más por año. Esta es la visión de las grandes corporaciones que consideran que los inmigrantes son esenciales para el desarrollo económico ya que realizan trabajos que ningún estadounidense quiere realizar.
El tema no sólo divide a demócratas de republicanos sino que también hay una gran pelea en el seno del propio Partido Republicano donde el ala más conservadora quiere utilizar mano dura con los inmigrantes ilegales mientras que las grandes empresas no quieren perder su mano de obra barata.
Todos están preocupados por el impacto electoral que tendrá este tema en las elecciones legislativas de noviembre y en las presidenciales del 2008. Muchos republicanos temen perder el apoyo creciente que lograron en el seno de la comunidad hispana en las últimas elecciones presidenciales, mientras que otros no quieren arriesgar la base más conservadora del partido que siempre ha estado muy en contra de la inmigración ilegal.
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